Actividad nº 4

1.      La jerarquía de las distintas leyes en España y en qué radica las diferencias entre ellas.

Para que una sociedad conviva de forma adecuada es necesario que siga y respete una serie de leyes. Estas suelen ser muy numerosas, por lo que deberán tener cierta jerarquía. Por lo  tanto una norma no podrá ir en contra de otra que tenga un rango superior. Una norma derogará a otra anterior siempre y cuando esta sea de igual rango. Una ley especial prevalece frente a una ley que tenga un carácter general.

La constitución española de 1978 ocupa la posición más alta en el rango de las leyes (ya que es un conjunto normativo que todos acuerdan y se comprometen a respetar y en ella se contiene la filosofía para la construcción del Estado).

La constitución está seguida por los tratados internacionales, que nunca podrán disponer algo que la contradiga.

Las leyes (tanto ordinarias como orgánicas) ocupan el siguiente escalón. Las leyes ordinarias las crean las Cortes, y las leyes orgánicas son las relacionadas con el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades, y son aprobadas por los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral.

El Decreto-Ley es una forma utilizada por el Gobierno en caso de necesidad extraordinaria, tras este se encuentra el Real Decreto Legislativo (no es extraordinario)

Los reglamentos son las normas jurídicas de rango inferior. Para finalizar tenemos el Estatuto de Autonomía que fija la estructura organizativa de una Comunidad autónoma en concreto, y por último las normas de las entidades locales (que son denominadas ordenanzas, reglamentos y bandos). (I.E.S Heliópolis)

2.      La estructura de las leyes en España.

Las leyes se dividen en:
Parte expositiva:

Título: Ley, seguido del número cardinal que le corresponde, una barra separadora, y el año de publicación.
La parte dispositiva:

      Libros: leyes muy extensas.

    Títulos: para leyes muy extensas o de gran importancia institucional. Se numeran con números romanos y deben ir titulados.

      Capítulos: subdivisión de una ley, o de los títulos si los tuviese.

      Secciones: subdivisión de los capítulos, aunque no es habitual.

      Artículos: unidades básicas de la ley, no deben ser muy largos.

      Apartados: subdivisiones de los artículos, y van numerados con números cardinales.

      Letras: subdivisiones de los apartados, pero no son recomendables.

      Parte final: son las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales y los anexos.

                 Las disposiciones adicionales: contienen los regímenes jurídicos especiales

                 Las disposiciones transitorias: facilitan el paso de la norma antigua a la nueva.

                  Disposiciones derogatorias: aquellas que derogan alguna norma vigente

                 Disposiciones finales: establecen el mandato de aprobación de otras normas jurídicas.

                 Anexos: estadísticas, gráficos, fórmulas matemáticas,… deben ir titulados y numerados si hay más de uno. (Pau, 2009)

3.      El proceso de elaboración de las leyes (proceso legislativo)

El gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de un proyecto ley. El Ministerio competente crea un anteproyecto, este se somete al Consejo de Ministros para su aprobación como Proyecto Ley y su remisión al Congreso de los diputados, la mesa del congreso ordena su publicación, cuando ha sido publicado se deja un plazo para la presentación de enmiendas, y si no las hay, comienza el debate en Comisión artículo por artículo. Los grupos parlamentarios deben comunicar los votos particulares y enmiendas que pretenden defender en el Pleno. Tras la aprobación del proyecto de ley por el Congreso, su Presidente lo remite al Presidente del Senado. En el Senado se aprueba o se veta, en el caso de aprobarlo se publicará, el texto final se remite al Presidente del Gobierno para la sanción real en el plazo de quince días, promulgando y ordenando su inmediata publicación.  

Las proposiciones de ley corresponden al Congreso de los Diputados y al senado. Comenzada la iniciativa el Congreso ordena su publicación, y la remite al Gobierno. Sin la negativa de este la proposición de ley se incluye en el orden del día del Pleno. Si no se presentan enmiendas el Presidente del Senado dispone la inmediata publicación oficial de una proposición de ley tras su presentación, son sometidas a votación y una vez aprobada, el Presidente del Senado la remite al Congreso de los Diputados, para su trámite en éste como tal proposición.  (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2015)

4.      Políticas públicas y política educativa. Cómo analizar la política educativa.

A la hora de analizar las políticas educativas es necesario tener en cuenta muchos factores como si la formación del profesorado es la correcta, la accesibilidad a los distintos estudios por parte de la gente, la eficiencia del sistema educativo,… para ello hay que tener en cuenta que las distintas reformas educativas se han llevado a cabo  atendiendo a las diferentes necesidades que va presentando la sociedad en la que se desarrolla, ya que esta está sometida a un constante cambio debido a la cantidad de factores que le influyen, y sean políticos, sociales, culturales, etc (Gomà & Subirats, 1998)

La actuales políticas educativas buscan conseguir una educación pública (todo el mundo debe tener acceso a esta independientemente de su clase social, religión, raza…) y con libertad de enseñanza.  Para lograrlo es necesario compensar las desigualdades sociales presentes y comprobar que la regulación legal se corresponde con el posterior desarrollo

Según Dale (1989) el mandato del sistema educativo es expresión de lo que es deseable y legitimo que cumpla socialmente la política educativa en un momento histórico determinado, es decir, que se aplicara uno u otro dependiendo de lo que requiera la sociedad.

A pesar de que se busca que todo el mundo tenga la misma facilidad de acceso al sector educativo esto no se pone en práctica debido a “contrarreformas” como la introducción de la selectividad, o la financiación de la enseñanza privada. Por lo tanto se creó el derecho a la educación y además esta se hizo obligatoria y gratuita.

También es necesario que las instituciones educativas presenten cierta calidad, esto es responsabilidad del estado.

Las políticas educativas se clasifican en:

• Políticas de igualdad de oportunidades

            Dirigidas a la equidad: cualquiera puede ser beneficiario. Pueden ser universalistas (si van dirigidas a todo el mundo) o selectivistas (dirigida solo a ciertos sectores)

            De carácter compensatorio: estas políticas van dirigidas a grupos desfavorecidos.

•  Políticas dirigidas a la calidad y modernización del sistema educativo, tanto en contenidos como en métodos, formación del profesorado, inversión educativa,…

También debemos tener en cuenta que los partidos políticos no son los únicos que intervienen en la educación, hay otros actores como los padres, los profesores o los titulares de centro (estos también son imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje)

La gestión del sistema educativo español se ha descentralizado, y se ha creado un sistema mixto de  gestionen en el que las comunidades autónomas tienen plenas competencias en educación.

Bibliografía

Gomà, R., & Subirats, J. (1998). La política educativa: Dimensiones de un proceso de transformación (1976-1996). En X. Bonal, políticas públicas en España (págs. 153-175). Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

I.E.S Heliópolis. La jerarquía de las normas en la Constitución. En Principios de Gestión Administrativa Pública (págs. 1-14). Sevilla.

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. (21 de 3 de 2015). Elaboracion de leyes en España. Madrid, Madrid, España.

Pau, F. (2009). La estructura de las leyes en España. revista debate (16), 12-20.